Los firmantes, hombres, decimos SÍ a la Ley contra la Violencia de Género.

Porque no podemos ser cómplices ante la realidad de una violencia que, año tras año, mata a decenas de mujeres y obliga a muchas otras a abandonar sus trabajos, sus hogares y su ciudad intentando esquivar a su agresor; una violencia que provoca cada año el suicidio de centenares de mujeres y maltrata física y psicológicamente a centenares de miles.

Porque la violencia ejecutada por hombres contra mujeres requiere medidas específicas, pues no se asemeja en nada, ni en cantidad ni por sus características, a los aislados casos de violencia de mujeres contra hombres.

Porque esta violencia asimétrica es un terrorismo machista que no acepta la emancipación de quienes lo sufren, por lo que su forma más extrema, el asesinato, tiene lugar, en la mayor parte de los casos, cuando la mujer ha roto o está en proceso de ruptura del agresor.

Porque esta violencia de dominación afecta a los derechos y libertades del conjunto de las mujeres, ya que no sólo maltrata o mata a las directamente afectadas sino que contribuye a crear un clima de intimidación y temor generalizado a la hora de denunciar los malos tratos y romper con los maltratadores.

Porque el proyecto de Ley contra la Violencia de Género no es inconstitucional ni lo es singularizar el tratamiento dado a ciertas formas de violencia, en función del alcance del daño social causado por ellas.

Porque la adopción de medidas sociales y penales que combaten de forma específica la violencia de género no es una discriminación de los hombres sino una acción positiva urgente e imprescindible.

Porque no avalaremos con nuestro silencio infundadas alegaciones de discriminación masculina en muchos casos de quienes más indiferentes son ante la realidad de una discriminación de las mujeres en el salario y el empleo, en la distribución del tiempo de trabajo no retribuido, en la composición de los órganos directivos de entidades públicas o privadas, e incluso en leyes como las que rigen el orden de los apellidos o la sucesión al trono, violando el artículo 14 de la Constitución que prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo.